Ginebra, febrero del 2009. El Acuerdo Comercial Anti Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés),  es un convenio multilateral de 39 países que vienen negociando en secreto un marco internacional para combatir la piratería, el cual por su ámbito de acción contra las falsificaciones, podría criminalizar a los medicamentos genéricos, afectando a la población más pobre del planeta.

Las preocupaciones expuestas por la organización no gubernamental  británica Oxfam, se centra en que los gobiernos vienen abordando el tema de protección intelectual en la industria farmacéutica. Para la ONG, el diseño de “nuevas reglas para patentes y marcas registradas podría complicar la proveeduría de medicinas para personas enfermas en países pobres por parte de las compañías de genéricos”.

En un boletín de prensa, Oxfam recuerda el secretismo que ha rodeado la negociación del ACTA desde el año 2007, lo que “genera temores reales de que los intereses de las personas pobres serán ignorados” en el diseño del acuerdo, señaló el asesor político de la ONG, Rohit Malpani.

“La Unión Europea está promoviendo un acuerdo que requerirá a todos los países que negocian el ACTA a incrementar la detención y procesar a compañías que producen medicamentos genéricos de manera legal en países como India para la venta en otros países, incluyendo a aquellos que ni siquiera están vinculados con las negociaciones del ACTA. Estas reglas podrían animar a las grandes farmacéuticas a registrar patentes frívolas para extender sus monopolios y altos precios en medicinas, y al mismo tiempo desalentar la práctica de la importación paralela, que es una manera importante para que los países reduzcan los precios de las medicinas al permitir importar un producto patentado en otro país a un costo más bajo”, señaló la ONG.

Malpani dijo que la “falta de trasparencia” en la negociación del ACTA es “completamente inaceptable y aumenta las sospechas que el acuerdo que se negocia obedece a intereses corporativos”, y bajo esta circunstancia “sólo podemos asumir que el texto final podría causar gran daño en países en desarrollo y en el balance entre la protección de la propiedad intelectual y la necesidad de proveer medicinas asequibles para la población en pobreza […] es inaceptable que los países negocien nuevas normas internacionales en propiedad intelectual sin tomar en cuentas las necesidades de salud pública de los países que podrían ser afectados”.

Extraído de:

http://impreso.milenio.com/node/8713154